José Antonio Barroso ha explicado en el Pleno que las 6 propiedades municipales cedidas a Apresa, por valor global de 18 millones de euros, darán mayor margen de maniobra financiera a la empresa y sus filiales y beneficiará al Ayuntamiento.

Ayer se celebró en el Ayuntamiento de la Plaza de Jesús un Pleno Extraordinario en el que se ha aprobado la aportación a la empresa municipal Apresa un capital de 18 millones de euros en forma de seis fincas propiedad del municipio.

El alcalde, José Antonio Barroso, ha explicado que se trata ésta de una operación que tiene como objetivo otorgar un mayor margen de maniobra financiera tanto a la propia Apresa, gestora al 100% del servicio de suministro de aguas y alcantarillado, como a las dos empresas dependientes de ella, Apresa 21 -de gestión ambiental, recogida de residuos y limpieza viaria- y Depureal -depuración y reciclaje de agua-.

Esta medida, ha continuado el alcalde, es habitual en tiempos como los que atraviesa la economía nacional y mundial, y sólo es posible en los casos en los que el capital de la empresa es íntegramente pública. Una circunstancia de la que "pueden enorgullecerse los puertorrealeños, pues el gobierno municipal, al contrario que otras localidades vecinas, ha conseguido sortear a lo largo de los años las dificultades sin tener que entregar la gestión del agua ni otros servicios a manos privadas".

Las fincas aportadas a Apresa son las que se ubican en el Paseo María Auxiliadora junto al antiguo puente sobre la vía férrea, el Descansadero del Cementerio, el Descansadero del Barrio Jarana parcela 1, la parcela D-2 de El Carpio, la que ocupa el edificio del antiguo Instituto Manuel de Falla y la situada en la calle De La Plaza nº 42.

Según reza en el informe de justificación de las propuestas que han pasado por el Pleno, Apresa ha dejado de ingresar un 10% por el cierre de Delphi, y además debe asumir retos a corto plazo en beneficio de la ciudad de Puerto Real.

El aumento por tanto del patrimonio le permitirá hacer frente a estas obligaciones prácticamente inmediatas, y a la vez tener avales suficientes para cualquier operación que tenga que firmarse ante otros organismos o entidades bancarias, pues suponen un respaldo suficiente del que en la actualidad carece.

El alcalde ha expresado el compromiso del gobierno municipal de que las fincas no serán vendidas, por lo que este patrimonio inmobiliario no deja de ser propiedad de los ciudadanos de Puerto Real, y supone una protección ante quienes pretenden aprovecharse de la coyuntura económica.

Tratándose ésta de una medida provisional y fruto de la situación actual, Barroso concluye anunciando que una vez se supere esta crisis y se mejoren las condiciones del mercado, el Ayuntamiento revertirá la aportación de las fincas, realizando vivienda protegida en el caso de que sea ése el uso del suelo o beneficiarse económicamente por las plusvalías generadas a lo largo del tiempo.