Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Puerto Real han cuestionado la intención de la administración concursal entendiendo que las ofertas que están interesándose en los terrenos también lo hacen por la edificación. Un hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha.

La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ha informado de que el Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado alegaciones al juzgado de lo mercantil número uno de Cádiz. La institución municipal asegura que lo que pretenden los administradores concursales es la destrucción de bienes del activo que ha de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8.150.450 euros (el 55% del valor del inmueble).

Según aparece en el documento registrado por el Ayuntamiento de Puerto Real: "Para tan drástica e irreversible decisión, la administración concursal solo plantea que el mantenimiento desde el año 2011 al año 2014 ha supuesto el coste de 2.324.380,08 euros, sin tener en cuenta además ningúna solución alternativa, y lo que es peor, sin que se realice un análisis de cual puede ser la incidencia en la liquidación de tal postura".

En esa línea el Ayuntamiento de Puerto Real considera que la petición de derribo es claramente insuficiente y no ahonda en si la medida supondrá una mejora de la situación de la liquidación o si simplemente será trasladar el problema a un futuro cercano con el perjuicio de que el activo inmobiliario habrá visto mermado su valor en más de un 50% y la posibilidad de realización del mismo será remota por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha.

El Ayuntamiento de Puerto Real entiende que la medida supondrá pérdida de masa activa con la que hacer frente a los créditos por valor de entre 7 a 8 millones de euros. Además, la medida, ante las ofertas ya recibidas, merma la posibilidad de conseguir la realización de los bienes, ya que hasta ahora todas las ofertas lo han sido respecto al suelo y edificaciones.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también aseguran que de llevarse a efecto la solicitud de derribo los interesados deberán hacer un mayor desembolso para acometer cualquier actividad, hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad que hiciera interesante a un posible comprador dicho suelo industrial.