La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado y la concejal de Medio Ambiente, Beatriz Parrado, han sido citadas a declarar como imputadas el día 8 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 1, por presuntas irregularidades en la gestión de aceites usados de origen doméstico y comercial en la localidad.

Según ha informado Europa Press, Peinado ha confirmado que ha recibido la citación judicial para declarar como imputada el día 8, tal y como adelanta este lunes 'El País', que detalla que el Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real ha admitido una querella presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras) sobre la firma de un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de los aceites usados.

Así, la alcaldesa y la edil podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública y vulneración del principio de libre competencia del mercado, ya que se habría firmado un acuerdo de colaboración exclusiva con una empresa privada sin convocar concurso público.

Según indica la alcaldesa puertorrealeña, en este momento la asesoría jurídica del Ayuntamiento está recabando toda la información al respecto, declinando hacer hasta entonces declaraciones sobre el asunto.

Añade el rotativo que el acuerdo firmado en 2011 se amplió un año más tarde para que la empresa también recogiera en exclusiva el aceite usado en comercios, instituciones, industrias y los establecimientos hosteleros del municipio.

QUEJAS DE LOS HOSTELEROS

El presidente de la patronal de hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha explicado a Europa Press que los establecimientos se vienen quejando desde el momento en el que "la Policía Local llegó diciendo que había que entregar obligatoriamente" el aceite usado a la citada empresa, además "gratuitamente", pudiendo ser sancionados en caso contrario con "700 euros de multa".

Apunta De María que ha mantenido diferentes encuentros con la regidora puertorrealeña a cuenta de este asunto, puesto que, además, supone "un daño económico en beneficio de una empresa que tiene la exclusiva".

En este sentido, afirma que el aceite usado de la hostelería "no es un residuo, sino un subproducto que se puede reutilizar para la elaboración de biodiésel o pienso para mascotas".

De María alude a una situación "extraña" respecto a esta cuestión, ya que "Europa reconoce que el aceite de la hostelería es un subproducto" y, sin embargo, "el Ayuntamiento hizo una consulta a la Junta de Andalucía en este sentido y contestó que no, que se cataloga como residuo".

Explica que los ayuntamientos tienen competencias sobre la gestión de los aceites usados que se consideran residuos, pudiendo convocar un concurso público y adjudicar esta tarea. Eso es precisamente lo que el Ayuntamiento puertorrealeño no habría hecho, motivando la imputación de la alcaldesa y la edil.

Señala que Horeca no tiene previsto inicialmente personarse en el proceso, centrando sus esfuerzos en lograr que "se certifique que nuestro aceite es un subproducto y hacerlo llegar a la Junta o a quien corresponda".

Finalmente, incide en que lo que los hosteleros reclaman es que los establecimientos puedan entregar sus "subproductos" a "cualquier empresa que esté en regla y que acredite que efectivamente tiene una trazabilidad el aceite que nos retira".