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Juan Carlos Martínez imputado tambien por el caso de los aceites

El primer teniente de alcaldesa, responsable del área de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, el andalucista Juan Carlos Martínez, ha sido citado a declarar en el juzgado el próximo 5 de noviembre, junto al técnico municipal que elaboró el informe para la firma del convenio de recogida de aceite vegetal usado en Puerto Real.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Puerto Real ha citado a declarar, el próximo 5 de noviembre, a dos nuevos imputados por presunta prevaricación en el caso de la recogida de aceite usado. Allí serán informados del presunto delito que se les imputa, tal y como ocurrió hace unos días con la alcaldesa, Maribel Peinado, y la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Parrado, que declararon por presunta prevaricación.

El nuevo imputado es otro miembro del equipo de gobierno andalucista, Juan Carlos Martínez, primer teniente de alcaldesa, responsable del área de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras.

Según informa Diario de Cádiz, Martínez fue la persona que elevó a la consideración de la Junta de Gobierno Local la propuesta del convenio para la recogida de aceita usado domestico, que fue firmado por éste órgano en diciembre de 2011. También la adenda al convenio, en la que se incluía la recogida de aceite de la hostelería en exclusiva, firmada en agosto de 2012.

Martínez también fue la persona que firmó y remitió la documentación del cuestionado convenio al pleno de la corporación local, para su "dación en cuenta", en septiembre de 2012.

El otro imputado es un técnico municipal de Medio Ambiente, quien elaboró el informe favorable a la firma del convenio otorgado finalmente a la empresa Biouniversal S.L.

Desde el juzgado se ha remitido al Ayuntamiento de la localidad una petición para que se aporte el acta del pleno en que "se llevó a efecto la concesión en exclusiva" y que se identifique a los agentes municipales de Medio Ambiente implicados en la denuncia presentada por Geregras, en la que declaran que "presuntos funcionarios del área de Medio Ambiente amenazaron con sanciones a trabajadores de la empresa Verdegras S.L.".

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