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El Consejo de Ministros da luz verde a Las Aletas

El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo en el que se declara una nueva reserva demanial con un sustancial incremento del área ambiental que dobla su superficie pasando de 120 a 240 hectáreas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría declara "que supone un paso decisivo para la creación del parque y que presta una especial atención a los aspectos ambientales de este proyecto que generará en el futuro alrededor de 18.000 puestos de trabajo"

El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado viernes un acuerdo en el que se declara una nueva reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre para el polígono de Las Aletas, en Puerto Real.

Así lo ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha defendido que la nueva reserva "es un paso decisivo para la creación del parque logístico y tecnológico en el territorio de Las Aletas". La vicepresidenta ha recordado que esta declaración de reserva sustituye a la anterior, que fue anulada por el Tribunal Supremo en el año 2009 y que supuso la paralización del proyecto, y ha añadido que ésta "fortalece y presta una especial atención a los aspectos ambientales del proyecto".

En el acuerdo aprobado, se fija un plazo de duración de la reserva de 75 años y se precisan las obligaciones de restituir los terrenos al estado anterior al de declaración de reserva cuando finalice la misma, señalando que la superficie objeto de reserva se destinará, principalmente, a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal.

En sus declaraciones, Sáenz asegura que la puesta en marcha del Parque generará en el futuro alrededor de 18.000 puestos de trabajo y destaca la especial atención que se concede a los aspectos medioambientales, con un sustancial incremento del área ambiental que dobla su superficie pasando de 120 a 240 hectáreas.

Por último, Sáenz de Santamaría ha mantenido que el siguiente paso consiste en la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico de la zona, que es competencia de la Junta de Andalucía.

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