Fátima Pontones explica que “el pago de estas sentencias es obligatorio, pero algunos de estos desembolsos podrían haberse evitado aplicando un poco más de diligencia y conciencia de que se estaba gestionando un dinero que es de todo el pueblo de Puerto Real”.

La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Fátima Pontones, ha explicado que recientemente se ha satisfecho el pago de sentencias judiciales que han condenado al Ayuntamiento, muchas de las cuales estaban generando cuantiosos intereses de demora. Los juicios perdidos en diferentes instancias, a excepción de una que se remonta al año 2003, pertenecen al periodo entre 2011 y 2014. El montante total de estos pagos asciende a 1.744.636 euros, y corresponden a procedimientos interpuestos tanto por empresas como particulares e instituciones públicas.

La sentencia que obliga a pagar la mayor cantidad al Ayuntamiento está dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condena a pagar 725.786 euros a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en concepto de devolución de subvención no justificada debidamente en la construcción del campo de fútbol y sala de barrio del Río San Pedro. El TSJA también dicta otra sentencia por este motivo, en este caso por el reintegro de las subvenciones recibidas para las obras en el antiguo Casinillo del Teatro Principal, concretamente 261.721 euros.

De relevante cuantía es también la sentencia más antigua, de 2003, que obliga a devolver a la sociedad Inbadiz 245.075 euros. Esta empresa firmó con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de un campo de golf en La Zarza, pero este proyecto nunca salió adelante, reclamando la empresa la devolución de lo ya abonado más los intereses de demora.
La devolución del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras motiva otras demandas que se perdieron en el Contencioso Administrativo, es el caso de las sentencias a favor Gadir Biodiesel, empresa a la que hay que abonar 143.431 euros, y a la Sociedad Vivenda Protegida y Suelo de Andalucía (sobre una promoción de viviendas en Casines), por valor de 72.840 euros.

Dentro de estos pagos también consta el de la expropiación a un particular para el soterramiento de la vía, en 138.185 euros, la liquidación del contrato a Sidecu, la antigua concesionaria de la piscina municipal, por acuerdo de pleno del 28 de agosto de 2012, a la que hay que pagar 80.626 euros, intereses de demora del pago de la pasarela sobre la vía férrea, 24.349 euros, canon a la SGAE y las costas de varios juicios.

Fátima Pontones ha explicado que para el Ayuntamiento es obligatorio el pago de estas sentencias, “pero algunos de estos desembolsos podrían haberse evitado aplicando un poco más de diligencia y conciencia de que se estaba gestionando un dinero que es de todo el pueblo de Puerto Real”.
A pesar de que a diciembre de 2016 todas las sentencias se habían abonado, parte con los fondos de ese año y otra parte de forma fraccionada, en estos meses están llegando nuevas sentencias firmes, “que también deberán pagarse en detrimento de otras iniciativas que beneficien a la ciudadanía”.

La responsable de Hacienda ha llamado la atención sobre el hecho de que “resulta cuando menos paradójico que seamos nosotros los que estemos haciendo frente a años de caos financiero, cuando en realidad consideramos que la democracia municipal debe tener otro modelo económico. Al menos estamos demostrando ser más responsables, valientes y comprometidos que otros que sólo se dan golpes de pecho y luego van dejando trampas en el camino”.